La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), adoptada en septiembre 2015, constituye un compromiso de Estado y un marco referencial del que se desprenden temas que dominarán el escenario nacional e internacional en esa materia.

Para alcanzar los ODS a nivel mundial, se requiere una inversión de entre 5,000 y 7,000 billones de dólares estadounidenses, mientras que la Inversión Extranjera Directa (IED) mundial es de 1,700 billones de dólares.

Esto deja un enorme déficit, implicando que los países deban ajustar su estrategia tradicional de IED y ser más innovadores para atraer IED sostenible para impactar positivamente distintos sectores de la economía y la sociedad, contribuyendo con, la generación de empleos y aumento del bienestar.

Igualmente, el incremento de capital y mayores recursos productivos en el agregado de la economía (crecimiento del Producto Interno Bruto); la transferencia tecnológica y de “Know-How” (creación de capacidades); el fortalecimiento de la productividad para las empresas locales; y el incentivo de la innovación e investigación (competencia)

Si los ODS se van a lograr para 2030, la inversión del sector privado en proyectos sostenibles debe ser más significativa. Por lo tanto, los gobiernos deben encontrar el delicado equilibrio entre atraer inversiones del sector privado en proyectos relacionados con los ODS y proteger los intereses públicos a través de sistemas de gobernanza y regulación efectivos.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) ha propuesto un marco de políticas de inversión para el desarrollo sostenible (IPFSD) y de esta forma ayudar a los gobiernos a desarrollar una política de inversión eficaz, efectiva y sostenible. Para lograrlo es necesario diseñar una nueva generación de herramientas de promoción y facilitación de inversiones que respondan mejor a los desafíos de la inversión sostenible y desarrollar una nueva cartera de incentivos orientados a los ODS, capaces de abordar el desajuste entre los rendimientos y los riesgos, así como los problemas relacionados con los aspectos de falla del mercado de algunos proyectos sostenibles.

Pero también el establecimiento de pactos regionales de inversión en los ODS para llevar a cabo proyectos de manera colectiva o al menos compartir conocimientos y experiencia. Igualmente, desarrollar nuevos tipos de asociación para proyectos ODS que vayan más allá de la simple capacidad de obtener una concesión y fomentar la innovación financiera para proyectos sostenibles que atraigan nuevos inversores.

De la misma manera, crear programas de concientización para cambiar la mentalidad de los inversionistas sobre proyectos sustentables. Estos aspectos garantizan que exista una estrategia de desarrollo coherente que promueva los objetivos sostenibles y maximice el impacto de la inversión.

Las directrices necesarias en la política de inversión nacional son las siguientes:

Estratégica: que impacte eficientemente las áreas del desarrollo, que tenga amplio alcance, que permee en la sociedad y que posea una hoja de ruta para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

Normativo: el rol regulador del gobierno debe garantizar el establecimiento de reglas para promover la inversión enfocada en los ODS.

Administrativo: asegurar la relevancia y efectividad continua de las políticas de inversión, asegurando la implementación efectiva de su política, reglas y regulaciones.

En lo que tiene que ver con nuestra realidad, estas consideraciones están muy bien incluidas en dos herramientas elementales para la consecución de tan importante designio: El Plan Nacional de Fomento a la Exportaciones y el Plan de Promoción Comercial de la República Dominicana.

El Plan de Fomento a las Exportaciones, en su cuarto pilar propone la creación de un entorno favorable a la inversión y la movilización de recursos para el fomento del desarrollo exportador. Siendo más específico, el objetivo 4.3 que busca Incrementar los flujos de inversión extranjera directa hacia sectores estratégicos para elevar la competitividad, generar eslabonamientos y un mayor valor agregado.

Fruto de un proceso basado en colaboración, el sector público y el sector privado logran de esta manera concebir la carta de ruta para lograr dinamizar la internacionalización de los productos locales e incrementar la inversión extranjera directa, convirtiéndose en combustible impulsor del desarrollo económico y social.

Todo esto, en procura de articular una verdadera “Alianza para el Desarrollo” que se constituya en un instrumento efectivo de conexión de ideas; un eslabón que conversaciones que vincule, de forma productiva, la Agenda Nacional de Desarrollo con el contexto internacional, afianzando así el bienestar de República Dominicana.