Aunque la ley federal exige a los condados con un determinado porcentaje de ciudadanos que no hablan inglés que otorguen boletas en un número limitado de idiomas, los activistas sostienen que el umbral federal es demasiado alto y no cubre suficientes idiomas, lo que hace que los votantes de muchas comunidades de inmigrantes no puedan entender completamente los materiales electorales.

Esta lucha está presente en el Condado Hall, Georgia, una comunidad con 29 por ciento de latinos, pero que no tiene que otorgar boletas en español porque no cumple los criterios federales de falta de dominio del inglés. Los funcionarios locales también se han negado a proporcionar voluntariamente boletas en español a los votantes, lo que ha sido frustrante para Jerry González, director ejecutivo de la Georgia Association of Latino Elected Officials, una organización sin fines de lucro con sede en las afueras de Atlanta que promueve el involucramiento civil en la comunidad latina.

“No hay razón para que los condados no puedan servir mejor a su cambiante demografía con las herramientas que necesitan para lograr un mejor proceso de votación”, dijo. “Todos nos beneficiamos cuando aquellos que no dominan el inglés tienen un acceso significativo para emitir su voto de manera informada”.

Tom Smiley, presidente de la junta electoral del Condado Hall, se opuso a esta iniciativa por motivos de gastos. En una entrevista con el Gainesville Times, dijo: “Conllevaría un gran presupuesto, y por eso es bueno que sepamos que no cumplimos con esa norma [federal] esta vez”. No respondió a las peticiones de comentarios de Stateline.

Para los estadounidenses cuya lengua materna no es el inglés, recorrer una boleta con mucha jerga puede ser intimidante; ya es complicado para el votante promedio de habla inglesa. Pero añadir una nueva ayuda lingüística puede ser un reto para muchos condados que no pueden permitirse imprimir boletas en varios idiomas diferentes. Aun así, cada vez más activistas del derecho al voto y de los inmigrantes piden a las jurisdicciones locales que proporcionen de forma voluntaria asistencia lingüística.

Los activistas del derecho al voto han conseguido avanzar lentamente. Aunque el Condado Gwinnett, al noreste de Atlanta, es la única jurisdicción de Georgia que tiene la obligación federal de proporcionar boletas y otros materiales electorales en otros idiomas —los ofrece en español—, el Condado DeKalb lo hace voluntariamente. Antes de las elecciones presidenciales de 2020, los líderes del Condado DeKalb, que está al este de Atlanta, decidieron proporcionar boletas en coreano y español.

“Cada voz merece ser escuchada, independientemente del idioma que se hable”, dijo Phi Nguyen, directora ejecutiva del Asian Americans Advancing Justice-Atlanta, un grupo activista sin fines de lucro que cabildeó ante el condado para hacer el cambio. Argumentó que la cobertura federal no llega lo suficientemente lejos.

En diciembre, la Oficina del Censo de Estados Unidos publicó la lista de 331 jurisdicciones que cumplen el umbral establecido en la Sección 203 de la Ley de Derecho al Voto, que garantiza la asistencia lingüística en el proceso de votación. El número de jurisdicciones cubiertas por las protecciones federales aumentó a 68, el mayor incremento de la historia. California, Florida y Texas también deben proporcionar boletas en español en todas las elecciones estatales.

Cada cinco años, el censo actualiza la lista de condados que cumplen criterios federales específicos: Más del 5 por ciento de los ciudadanos en edad de votar o más de 10,000 ciudadanos en edad de votar deben tener un dominio limitado del inglés, según los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense. Para poder optar a la ayuda lingüística, los condados también deben tener una tasa más alta de ciudadanos en edad de votar con conocimientos limitados de inglés y una tasa más baja de personas con una educación de quinto grado, ambas comparadas con la media nacional.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informa a las jurisdicciones cuando califican para el requisito del idioma en las boletas electorales y les brinda orientación para cumplirlo. Pero la agencia no se asegura de que los funcionarios locales cumplan las normas. Un individuo o grupo tendría que presentar una queja para que el gobierno federal intervenga. Sin embargo, varios activistas del derecho al voto entrevistados por Stateline no pudieron citar un ejemplo de una jurisdicción que infringiera el requisito.

Los criterios federales pueden ser confusos, dijo Gabe Osterhout, investigador asociado del Idaho Policy Institute, una organización de investigación con sede en la Universidad Estatal de Boise.

“Es una ciencia imperfecta”, dijo Osterhout, quien, junto con otros en el instituto, está estudiando el efecto que la asistencia lingüística tiene en la participación electoral. “Algunos condados no aplican todo [para cumplir la norma federal]”.

Dado que las nuevas designaciones del censo se producen cada cinco años, a menudo no corresponden con los años electorales. Además, los condados pueden ser eliminados o añadidos al requisito federal debido a los márgenes de error en los datos del censo, dijo. Esta preocupación puede ser más notoria en los próximos años, ya que el censo de 2020 incluyó a menos habitantes de la población afroamericana, latina e indígena.

Algunos activistas del derecho al voto sostienen que los criterios federales para la asistencia lingüística deberían ampliarse. La Ley de Derecho al Voto sólo proporciona asistencia lingüística a los votantes “que son nativos americanos, asiáticos americanos, nativos de Alaska o de antecedentes hispanos”. Esto deja fuera a los votantes de África u Oriente Medio.

Esto ha sido difícil para los votantes de Dearborn, Michigan, un bastión de inmigrantes árabes en el área de Detroit, donde más de la mitad de la población habla en casa un idioma distinto al inglés. Al ver esta brecha en el dominio del inglés, los líderes de la comunidad están intentando incluir boletas en árabe. Pero este esfuerzo ha supuesto un reto.

En marzo, el Concejo Municipal de Dearborn aprobó por unanimidad una resolución que ordenaba a los funcionarios electorales locales proporcionar boletas en inglés y en árabe antes de las elecciones primarias de agosto. Los activistas de esta medida no esperaban que los funcionarios electorales la rechazaran.

Pero la secretaria del Condado Wayne, la demócrata Cathy Garrett, arremetió contra el proceso por el que se aprobó la medida, diciendo en una carta al secretario de estado publicada por el Detroit Free Press que no se siguieron las “cortesías profesionales” y que la falta de comunicación entre la oficina del secretario de estado y el secretario del condado era “más que insignificante”.

El mes pasado, Garrett compartió sus preocupaciones sobre la medida original con el Concejo de la Ciudad de Dearborn, que poco después aprobó una resolución complementaria que, según ella, permite ahora que la iniciativa siga adelante.

“Como punto (de) claridad, nunca me he opuesto a las boletas en árabe y apoyo plenamente la inclusión del voto y el acceso justo a las boletas para todo el electorado del Condado Wayne”, dijo Garrett en un comunicado enviado por correo electrónico a Stateline.

La respuesta de Garrett a la resolución de Dearborn fue decepcionante, dijo Rexhinaldo Nazarko, un asociado de política y de organización para el capítulo de Michigan de Emgage, un grupo de movilización y defensa de los votantes centrado en la comunidad musulmana.

“Esta iniciativa no debería haber tenido ningún obstáculo”, dijo. “Ha sido un poco decepcionante ver este juego de culpas, este retroceso por algo tan poco problemático, tan simple, algo que es un derecho básico en Estados Unidos, el derecho al voto”.

La traducción de los materiales electorales y la impresión de las boletas en diferentes idiomas puede ser costosa, sobre todo para las oficinas electorales con poco dinero. Los funcionarios electorales locales se lamentan a menudo de que la escasez de recursos puede obstaculizar el acceso a las papeletas y los esfuerzos de seguridad. Los activistas de la causa afirman que se pudieran usar fondos federales adicionales del Congreso para estos esfuerzos lingüísticos.

Otras comunidades no han esperado a un mandato federal antes de ofrecer boletas en diferentes idiomas.

En el Condado Cook, Illinois, sede de Chicago y donde el 35 por ciento de los habitantes habla en casa un idioma distinto al inglés, los funcionarios locales promulgaron una ordenanza que amplía, a partir de 2020, los criterios por los que el condado ofrece boletas y material electoral en otros idiomas.

Aunque el gobierno federal exige que el condado ofrezca boletas en chino, hindi y español, el condado añadió voluntariamente ocho idiomas más a su lista: árabe, gujarati, coreano, polaco, ruso, tagalo, ucraniano y urdu. La ley exige que el condado proporcione una boleta en la lengua materna si hay más de 13,000 hablantes en la zona.

En California, el segundo estado con mayor diversidad racial del país, por detrás de Hawái, casi el 45 por ciento de los residentes hablan un idioma distinto del inglés en casa, entre ellos más de 200 idiomas y dialectos. La secretaría de estado exige a los condados que añadan una asistencia lingüística adicional que va más allá de los requisitos federales.

El Condado Los Angeles ya está obligado por los federales a ofrecer material electoral traducido en camboyano, chino, coreano, español, tagalo y vietnamita. Sin embargo, el Estado exige que el condado proporcione también boletas en armenio, bengalí, birmano, farsi, gujarati, hindi, indonesio, japonés, mongol, ruso, telugu y tailandés.

Muchos funcionarios electorales locales se sienten obligados a ayudar a los votantes cuya comprensión del inglés puede no ser lo suficientemente alta como para entender completamente sus boletas, incluso si su población no angloparlante no alcanza el umbral federal.

Es lo correcto, dijo Heather Carmen, la asistente del registro de votantes del Condado Washoe, en Nevada, la única comunidad del estado que ofrece de forma voluntaria las boletas y las guías del votante en inglés y español. Los votantes también pueden traer a alguien para que les ayude a traducir su boleta en un centro de votación, siempre que el asistente no forme parte del sindicato del votante.

“Intentamos ofrecer todo lo que podemos”, dijo Carmen. “Quiero que todos tengan la misma oportunidad de conocer a los candidatos de la boleta y tomar una decisión educada sobre por quién van a votar”.

El Condado Clark, en Nevada, que incluye a Las Vegas, tiene la obligación federal de ofrecer boletas en español y tagalo, mientras que el Condado Nye está obligado a ofrecer boletas en shoshone.

Otras comunidades de Nevada deberían seguir el ejemplo del Condado Washoe, dijo Mary Janet Ramos, directora de campaña en Nevada de All Voting Is Local, una organización nacional de derecho al voto que publicó un informe el mes pasado en el que pedía al Estado que proporcionara una mejor asistencia lingüística en las elecciones.

En el tercer estado con mayor diversidad racial del país, donde casi medio millón de adultos hablan un idioma distinto del inglés, los condados deberían ofrecer a los votantes material electoral en amárico, chino, coreano, español, tagalo, tailandés y vietnamita, dijo. Esta lucha es personal para Ramos: Cuando crecía, sus familiares hispanohablantes le pedían que les tradujera las boletas.

“Cuando se trata de la accesibilidad y de asegurarse de que todos los votantes puedan participar en el proceso, no se atiende a todos por igual”, dijo. “Queremos asegurarnos de que todos los votantes, independientemente del idioma que hablen, tengan la posibilidad de emitir su voto”.